Xóchitl Gálvez/ Colaboradora/ Opinión El Heraldo de México
No será juzgado como cualquier ciudadano, que es llevado por un Ministerio Público ante un juzgado, ya que esta decisión dependerá de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión.
Hemos escuchado, a lo largo de estos dos años, a un gobierno que privilegia el doble discurso sobre la verdad. Que promueve un proyecto con aspiraciones de fantasía en vez de uno que enfrente la realidad. Un gobierno que presume ser diferente cuando actúa repitiendo tácticas cuestionables.
Ejemplos sobran
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los pueblos indígenas son su prioridad, pero cada año le recortan más el presupuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Incluso, ha pasado por encima de su derecho a tener una consulta previa, libre e informada sobre megaproyectos que construye el gobierno, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.
El Primer Mandatario afirmó hace varios meses que se rifaría el avión presidencial, pero finalmente se entregaron lo que llamaron “premios” en efectivo, con recursos que, incluso reclamó, el INFONAVIT, los cuales habían sido “donados” por el Fiscal General de la República.
El Presidente de la República ha insistido que su gobierno ha tomado las decisiones correctas ante la pandemia del Covid-19, pero el registro oficial de fallecimiento en nuestro país por este motivo, contabiliza más de 103 mil personas y un ranking de Bloomberg asegura que México es el peor país para vivir la pandemia.
Un ejemplo más, se dice que el gobierno está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, pero cerca del 80 por ciento de los contratos del gobierno se han otorgado por adjudicación directa o licitaciones restringidas.
Así la estrategia de la simulación
Este doble discurso lo aplicaron ayer en el Senado de la República cuando legisladores de los partidos aliados al gobierno celebraron eliminar el fuero al Presidente. Sin embargo, en términos reales, el fuero no se retira.
En un voto particular con relación al dictamen, por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución, se establece que para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo podrá hacerse ante la Cámara de Senadores, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Es decir, no será juzgado como cualquier ciudadano, que es llevado por un Ministerio Público ante un juzgado, ya que esta decisión dependerá de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión.
No puede decirse que el Presidente podría ser juzgado como cualquier ciudadano porque ningún ciudadano es acusado ante el Congreso.
En pocas palabras, este es un gobierno que utiliza verdades a medias que siempre resultan en mentiras.
POR XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
