Maldición gitana

Jesus Villegas Gastelum

Christine es una ambiciosa joven que trabaja como ejecutiva en una empresa financiera, quien al estar compitiendo por una posición vacante decide impresionar a su jefe poniéndose más estricta de lo normal con una anciana gitana que tiene meses sin pagar su crédito y que con angustia le solicita una prórroga para evitar perder su casa, por ello al Christine rechazar su petición la gitana encolerizada vierte sobre ella una terrible maldición que afectará su vida para siempre.

Hablamos de la trama de “Drag me to Hell” (“Arrástrame al Infierno”), película de terror escrita y dirigida por Sam Raimi que recibió elogios en el Festival de Cannes 2009 y que logró un buen éxito de taquilla, obteniendo ganancias por un monto coincidentemente cercano a los $1,300 millones de pesos que de deuda pública de largo plazo aprobó el Congreso de Sonora en diciembre de 2019 a la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich, crédito que como en dicha película también pareciera estar sujeto a una especie de maldición gitana, y no precisamente la relacionada con el consumo de bebidas espirituosas en lunes y el resto de la semana.

En contexto, el incremento acelerado en la deuda pública de los gobiernos estatales ha sido un tema recurrente en la agenda pública nacional desde hace años ante múltiples casos documentados de excesos como el famoso caso Moreira en Coahuila y más recientemente el caso Chihuahua – César Duarte.

En Sonora si bien el tema de deuda pública no alcanza los niveles de los casos mencionados si se ha convertido desde hace años en un foco amarillo que cada vez se enrojece más al perfilarse ya como la sexta entidad federativa más endeudada del país y con cada vez más posibilidades de entrar al peligroso Top 5 si no se revierte la riesgosa tendencia mostrada en los últimos años y meses.

En números redondos Sonora contaba con un bajo nivel de endeudamiento público hasta el sexenio de Rodolfo Félix Valdez, posteriormente alcanzó aproximadamente $3,500 MDP al cerrar la administración de Manlio Fabio Beltrones, se incrementó con Armando López Nogales hasta $5,500 MDP, Eduardo Bours Castelo cerró con más de $11,000 MDP, Guillermo Padrés Elías la elevó hasta casi $22,000 MDP y con Claudia Pavlovich Arellano se perfila que al cierre del tercer trimestre de este año la deuda estatal podría ya rondar los $29,000 MDP, lo que representaría un monto muy por encima del promedio nacional de $18,000 MDP, así como ya equivaldría a más del 5% del PIB estatal y 90% de los ingresos de libre disposición, incrementándose a niveles nunca vistos la presión sobre las distintas calificaciones crediticias del estado.

Pero regresando al tema de la “maldición” sobre el crédito de $1,300 MDP, probablemente si la gitana sacará su bola de cristal ubicaría el “origen del mal” a mediados de 2019, donde a pesar de la escasez de recursos proyectada para el crucial 5to año de gobierno, tradicionalmente el de consolidación plena del gobernante y que pavimenta el camino para el siguiente proceso electoral, algunos funcionarios cuyos rostros seguramente si hubiera podido visualizar la gitana, habrían convencido a la Gobernadora de cancelar la implementación de un importante proyecto de rediseño permanente del aparato estatal para este 2020.

El proyecto proponía disminuir al mínimo el gasto corriente y no prioritario, así como priorizar el gasto de inversión en todos los municipios del estado, garantizando un uso responsable de cada peso de los sonorenses, lo que además permitiría alinearse con la política de austeridad en el gasto público conminada por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En lugar de lo anterior la habrían animado, a pesar de los nubarrones económicos pre-COVID claramente previsibles, de no bajarle ni una rayita al oneroso “tren de vida” de los primeros 4 años de gobierno, y como vía para obtener más recursos simplemente endeudar más al estado, opción que sin problema todos sus diputados locales afines, muchos de ellos teóricamente de oposición, justificaron con facilidad señalando la necesidad de más recursos para infraestructura y para el “penúltimo” empujón de la magna obra de la administración (nuevo hospital), esto último a pesar de que el Gobierno Federal ya había comprometido recursos para dicho fin.

Al dar el paso anterior, la administración incumplió su promesa de no solicitar un peso más de crédito y dejar menos deuda que la recibida ( https://hacienda.sonora.gob.mx/…/congreso-reestructura-deu…/) incumplimiento que muy probablemente desató la “maldición” sobre dicho crédito y que tuvo como sus primeras “víctimas” a los diputados locales de Morena, quienes encabezados por la Diputada Ernestina Castro Valenzuela de inicio rechazaron la petición del estado e incluso armaron una propuesta de redireccionamiento del gasto, sin embargo al final terminaron votando a favor del endeudamiento al haberse “confundido” con los temas votados ese 24 de diciembre, en un suceso a la altura de la película de terror de Sam Raimi y que lógicamente les representó un duro golpe a su imagen ante los ciudadanos, los cuales en última instancia terminaron siendo las siguientes victimas, provocando que al día de hoy cada sonorense adeude más de $10,000 pesos si repartimos el monto global de la deuda estatal, lo que sería mucho más del doble de la media nacional.

Y cuando la maldición gitana parecía haber finalizado llegó el temible COVID-19 y con ello la necesidad de que el gobierno estatal y los diputados buscaran alternativas para canalizar recursos para atender la contingencia, hecho que nuevamente trajo en escena al famoso “crédito maldito”, ya el diputado Gildardo Real Ramírez y otros legisladores propusieron que dado que aún no se usaba el mismo, a pesar de tener 4 meses aprobado, se reasignara un 40% del mismo ($520 MDP) para atender gastos urgentes del sector salud, discutida propuesta que fue aprobada “al vapor” el 14 de abril pasado, pero que para sorpresa de los ciudadanos a casi 3 meses de esta reorientación, y como si se tratara del último coletazo de la maldición, sigue sin poderse tener la disponibilidad de dichos recursos, lo que ha obligado al estado a tener que echar mano de otras fuentes de recursos para salir avante de los gastos emergentes, hecho que para muchos diputados confirmaría que el estado si tenía margen de maniobra para recortar gastos y aprovechar entradas extraordinarias de recursos como los $511 MDP ingresados por la venta de estadios de beisbol, lo que hubiera evitado contraer más deuda.

Aún es temprano para saber si la aparente maldición gitana sobre el crédito ya terminó o todavía tendrá alguna secuela, pero lo que si sabemos es que en materia de finanzas públicas el Gobierno Estatal encabezado por Claudia Pavlovich Arellano se encuentra en la antesala de una coyuntura financiera sumamente difícil donde ya no hay margen para postergar decisiones de cara al rediseño del aparato gubernamental y del presupuesto 2021, el cual podría ser en el más bajo de los últimos años ante la inminente disminución de recursos federales e ingresos estatales propios, un servicio de deuda cercano a los $8,000 MDP que seguramente superará los ingresos propios y un margen de endeudamiento muy acotado que en caso de utilizarse dejaría prácticamente sin margen de maniobra al próximo gobierno estatal, con el cual por obvias razones no se entrará en conflicto para evitar la peor de las maldiciones que pueden existir en política: la del año 7.