¿El poder de la ley o la ley del poder?

Manuel Fernando López

Siglos ha, el brillante abogado de Roma –“La Columna de Hierro”—Marco Tulio Cicerón, disertó en el Senado, entre muchos temas, la diferencia entre la ley y el poder: dijo en forma brillante que aún cuando parecieran sinónimos, son muy diferentes.

Por desgracia, en su mayoría, quienes por azares del destino o, por advenedizos, llegan al poder político olvidan lo anterior y, ambos conceptos los meten a la licuadora de sus intereses bastardos y espurios.

¿Por qué lo anterior y, en tiempos de pandemia, misma que a muchos déspotas del gobierno estatal, les ha caído “como anillo al dedo”?.

En franca y brutal violación a la ley, policías estatales –¿lo autorizaría “El potrillo” desde su aislamiento por el coronavirus?—detuvieron sin más al ciudadano reclamante junto con otros, de sus derechos, Diego Varela, al manifestarse en el libramiento –de él deberíamos librarnos—carretero al sur de Hermosillo, porque se ha constituido en un verdadero atraco a los automovilistas, sin reunir las condiciones para tal fin.

Es un auténtico muladar, esta obra concesionada a un tal David Robinson Bours –adivinen quién es el verdadero dueño—cobran la nada despreciable cifra de ¡146 pesos! por unidad y, sin contar al menos con sanitarios como establece el protocolo: y, luego se quejan de la delincuencia imperante en las ciudades, cuando este lugar está lleno de ladrones, escudados en el poder del Estado.

Aún cuando por ser instalaciones federales, debió intervenir esta instancia, al gobierno estatal le valió madres y en menos de 24 horas, el manifestante ya estaba en el Cereso local y, lo peor: acusado de ¡despojo!.

Esto si fue en forma expedita, mientras al sufrido ciudadano pisoteado, lastimado, humillado debe hacer largas filas en demanda de justicia y, luego encima ver, cómo al malandro, al delincuente que lo dañó, más tarda en entrar por un puerta de la fiscalía que salir por la trasera.

Parte toral en esta burla a la ley y al orden, es desde hace rato el juez oral penal del Poder Judicial de Sonora, Vladimir Sosa Jordán, mismo que pasó por la horca a ex padrecistas como Jorge Morales y a Juan Valencia; independientemente de si fueron a no culpables, sus procesos dejaron mucho que desear.

Leamos cuánto le importa la ley a este sujeto: mientras el artículo sexto de la carta magna, establece que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra actos de gobierno y, lo ratifica el 146 del Código de Procedimientos Penales de Sonora, se abrogó facultades federales, obedeciendo antes que a la ley, a otros patrones, lastimando a otra familia, como a tantas más de Sonora.

El caso Canán

Alguien debe decirle o recordarle a este juez, que el luchador por el libre tránsito en nuestras carreteras federales, Alfonso Canán Montaño—al que abandonó Jorge Taddei Bringas por cierto—quien fue preso durante un año salió exonerado por el magistrado del sexto tribunal unitario del quinto circuito por el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación y que el delito de extorsión no puede configurarse como delito penal.
Más aún: si el concesionario se siente afectado que demande por la vía civil. Así se las gastan este “defensor de la ley” enviando a la cárcel a un inocente y, metiendo a su familia –la del preso por supuesto—en el calvario de la incertidumbre y dolor.
¡Alea jacta est!.