Obligado México por tratados binacionales a recibir apoyo de EUA en caso Lebarón

Mientras las Fiscalías General de la República y la del estado de Sonora se “echan la papa caliente” sobre la responsabilidad en la investigación criminal para dar con los responsables de la masacre de nueve miembros de la familia Lebarón, en Bavispe, Sonora, tal parece que en el presupuesto delictivo y de los hechos el derecho internacional está siendo relegado, aun cuando este, tutela  la facultad del gobierno norteamericano para solicitar la incursión del FBI en las indagatorias que se realizan de este lado,  a lo que México se obliga acatar.

Justifica lo anterior el hecho que las víctimas de la masacre en Bavispe poseen, además de la mexicana, la nacionalidad norteamericana, sin descontar el hecho que las armas, municiones y, al menos uno de los vehículos utilizados para perpetrar los sangrientos hechos, provienen de una fuente de abastecimiento ilegal del vecino país del norte elemento que debe presupuestar en la indagatoria la Fiscalía mexicana y compartirlo con su contraparte del vecino país del norte. 
Estos y otros elementos de prueba que se configuran en torno al caso Lebarón son previstos para la vigencia del “Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua” firmado en 1987, y en al menos una veintena de acuerdos de cooperación binacional para el combate a la criminalidad de impacto internacional que se han firmado al amparo del tratado rector citado.
En cada documento se establecen la forma y el fondo sobre los que se habrá de permitir la asistencia entre México y Estados Unidos en la investigación de hechos delictivos que los impactan social y políticamente.
Ha sido en base a lo anterior que la Fiscalía General de Justicia de Sonora consideró necesario que, en virtud del alto impacto social sucitado por la masacre de integrantes de la familia Lebarón en los límites con Chihuahua es necesario ubicar el caso sobre la óptica de aplicación de la justicia trasnacional en su etapa investigadora.
Esto, con el fin de atrapar a los responsables de los hechos, reparar el daño a las víctimas y a la sociedad, para lo cual, considera la FGE, es menester allanarse a lo establecido en los convenios de colaboración suscritos entre México y Estados Unidos.
En un breve comunicado difundido este miércoles 06 de noviembre de 2019, la FGJE deja claro que, si bien es cierto, por mandato legal el delito de homicidio y su investigación corresponde a la autoridad local del lugar donde haya ocurrido, también lo es que, de existir elementos sólidos que involucren violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tal delito lo habrá de investigar “con plenitud de competencia” la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunado a lo anterior, la FGE sustenta que, de existir pruebas que las armas utilizadas en el delito cometido en la sierra de Sonora corresponden al uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas, están prohibidas por las leyes de México o fueron introducidas ilícitamente al país con fines criminales, tales delitos corresponderá investigarlos al fuero federal, es decir, a la Fiscalía General de la República.
Tratados binacionales, letra muerta
Existen por lo menos una veintena de acuerdos firmados entre México y Estados Unidos, de donde se derivan, protocolos, cartas de intención, convenciones y comités de coordinación, todos, en materia de procuración de justicia y persecución de los delitos de impacto binacional y que se adhieren legalmente a lo establecido en el documento rector firmado en 1987, vigente hasta estos días, denominado “Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua”.
Fue firmado en la Ciudad de México el 9 de diciembre de 1987 por quien en ese entonces se desempeñará como Procurador General de la República, el doctor Sergio García Ramírez, y por la contraparte de Estados Unidos de América, por el Embajador en México, Chales J. Pilliod.
De este documento rector han derivado diversas reformas la ley Orgánica de la hoy denominada Fiscalía General de la República, entre otras, la más reciente del 2018, que establece facultad más clara a su titular para solicitar la colaboración de otras autoridades nacionales o extranjeras en la investigación de delitos específicos.
“Así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General de asuntos Internacionales, en la persecución de los probables autores o partícipes de un hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados por México para tal efecto”, añade en su cuerpo la Ley Orgánica de la FGR.
Esta norma tácitamente confiere facultades al titular de la fiscalía para participar como enlace entre la Fiscalía General de la República y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos de Norteamérica, en investigaciones de delitos federales, que deban seguirse en el exterior, como tal sería el caso si se investiga la fuente proveedora de las armas utilizadas en la masacre de 9 integrantes de la familia Lebarón en los límites de Sonora y Chihuahua.
Sustentado en el tratado que dio vida García Ramírez, existe un acuerdo de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la entonces Procuraduría General de la República para que, “en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a normas que regula la estancia temporal de agentes representantes de entidades a gobiernos extranjeros que en su país tiene a su cargo funciones de policía, inspección o vigilancia de aplicación de leyes o reglamentos, así como técnicos especializados, facultad ofrendada en decreto legal publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 03 de julio de 1992”.
En los mismos términos tienen pleno vigor legal los alcances de una carta de Intención firmada entre la otrora Procuraduría General de la República (PGR) de México y los Departamentos de Seguridad Interna y el de Justicia de Estados Unidos, para la cooperación en investigaciones relacionadas con el tráfico Ilegal y contrabando de armas y municiones, firmada en San Antonio, Texas, en el vecino país el 13 de agosto de 2009.
Otro documento da valides a la Convención entre México y el vecino país del norte para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita, firmada en Washington, D.C., EUA, el 15 de enero de 1981, caso este de un vehículo localizado cerca de Agua Prieta Sonora que presumiblemente fue uno de los utilizados durante los hechos sangrientos en el municipio de Bavispe, Sonora, y que resultó con reporte de robo en Phoenix, Arizona.
En materia diplomática, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el de Estados Unidos, integraron desde el año 2010 el llamado Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI (CEBAF-XXI), misma que el pasado 23 de Mayo de 2019 verificó su reunión anual, ante la presencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrar Casaubon y por la contraparte estadunidense, del director para las Américas del departamento de Seguridad Interna, Michael Houston.
  El CEBAF-XXI se constituye como mecanismo de cooperación bilateral de alto nivel, cuya misión es promover el desarrollo de la frontera México-Estados Unidos, en materia de Infraestructura Fronteriza, Flujos Seguros y Seguridad y Procuración de Justicia para delitos cometidos en contra de connacionales o su patrimonio en las regiones que tutelan, caso este de las víctimas de Bavispe cuya nacionalidad es norteamericana y mexicana por derecho legal.
Alcances de la cooperación de gobiernos extranjeros
El Artículo primero del Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua respecto a los alcances de la cooperación de gobiernos extranjeros en la investigación de hechos delictivos específicos y de impacto en dos o más naciones establece:
…De conformidad con este artículo y de acuerdo con las otras disposiciones de este Tratado, dicha asistencia incluirá: 
a) La recepción de testimonios o declaraciones de personas; 
b) El suministro de documentos, registros o pruebas; 
c) La diligenciación legal de solicitudes de cateo y medidas de aseguramiento que sean ordenadas por las autoridades judiciales de la Parte requerida, de conformidad con sus disposiciones constitucionales y otros mandatos legales; 
d) La diligenciación legal de solicitudes para la toma de medidas tendentes a la inmovilización y aseguramiento de bienes, que sean ordenadas por las autoridades judiciales de la Parte requerida de conformidad con sus disposiciones constitucionales y otros mandatos legales; 
e) El traslado voluntario de personas que se encuentren bajo custodia con objeto de prestar testimonio o con fines de identificación; 
f) La tramitación de notificación de documentos; g) La localización o identificación de personas; h) El intercambio de información, e i) Otras formas de asistencia mutuamente convenidas por las Partes, de conformidad con el objeto y propósito de este Tratado. 
Este Tratado tiene como única finalidad la prestación de asistencia legal entre las Partes. Las disposiciones de él no crearán, en favor de ningún particular, un derecho para obtener, suprimir o excluir pruebas, o impedir el cumplimiento de una solicitud.


Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico