País de expectativas

Hablar de corrupción y de impunidad en nuestro país tiende a convertirse, desafortunadamente, en un lugar común, y en algunos casos, en vana retórica.

Observamos con preocupación que nuestra capacidad de asombro y de indignación social, por la reiterada corrupción y la pluralidad de antecedentes de impunidad, parece diluirse en el conjunto de la creciente diversidad de problemas nacionales, mismos que lejos de resolverse, se agudizan, ó en su caso, se improvisa su solución real y efectiva. Somos un país de expectativas más que de resultados ó realidades.  

Sin embargo, el complejo problema de la corrupción no es tampoco un asunto menor ni de fácil solución para ninguna autoridad ni para una sola instancia de gobierno. Es un reto común entre sociedad y gobierno, sin duda.

Los esfuerzos y la cuantiosa inversión de recursos presupuestales, incluyendo la configuración cíclica de nuevas autoridades anticorrupción, han sido infructuosos a la fecha.

Sin embargo, es pertinente reconocer que ningún programa y ninguna medida anticorrupción han funcionado. Gobiernos llegan y gobernantes se van, sin logros específicos, ni resultados relevantes, ni satisfactorios para nadie.   

De allí que es incuestionable que en el combate a la corrupción sigue faltando la confluencia  indispensable de dos eslabones estratégicos: voluntad politica y corresponsabilidad ciudadana.

La corrupción, entendida desde el punto de vista político como el mayor acto de abuso del poder y desde la óptica del derecho penal como la comisión de un delito financiero, adquirió raíces endémicas y se convirtió en una pandemia que lo mismo afecta a los hombres y mujeres públicos que a las propias instituciones del Estado, sin excepción.

Recientemente el nuevo presidente de la SCJN reconoció prácticas de corrupción en el poder judicial federal de algunos jueces, magistrados y ministros.

Por eso es que estamos considerados como uno de los países con el mayor índice de corrupción en el mundo, y por otra, tenemos la paradoja de contar con la más amplia estructura de autoridades fiscalizadoras del gasto público, pero sin resultados.

Por ejemplo, la aprobación de la politica fiscal, cuentas públicas y el control presupuestal, incluyendo la supervisión de los programas de gasto e inversión gubernamental, lo realizan 32 congresos estatales, 32 contralorías, 32 institutos de auditoría y fiscalización en cada estado, incluyendo la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de la Función Pública y los Órganos de Control de los 2,458 municipios existentes en el país.

No obstante, la dura realidad, monda y lironda, es que éstos no han podido evitar la apropiación de la riqueza pública para beneficio personal, de grupo ó del partido del gobierno en turno. El cáncer metastásico de la corrupción no excluye a ningún partido.

Son muchos los hechos de corrupción emblemática que prevalecen en nuestra memoria histórica, no sólo por sus implicaciones político-electorales-partidarias, sino por la impune sustracción y el uso delictivo de recursos públicos, incluyendo la enorme afectación al erario como sucedió con el Fobaproa, el Pemex-Gate, los Amigos de Fox, y recientemente con la Estafa Maestra, el Fideicomiso de los Damnificados de la CDMX, la Casa Blanca, Odebrecht y otras operaciones fraudulentas con ramificaciones inopinadas en varios estados del país.

Tampoco podemos olvidar la oprobiosa impunidad prevaleciente del ISSSTESON, la Compraventa de Terrenos del Vado del Rio, el incremento arbitrario e injustificado de la Deuda Estatal ó el enriquecimiento súbito de exfuncionarios, denominado por Don Carlos Moncada como “la Santa Hermandad de la Corrupción” que en uno de sus últimos libros señala múltiples casos de la inédita e insólita corrupción sucedida del 2009 al 2015 en la entidad, cuyas consecuencias y perjuicios sociales son incuantificables.  

Es decir, no por el simple transcurso del tiempo olvidamos el negro historial de tanta corrupción que como ciudadanos, como país y como sociedad nos agraviaron y nos sigue agraviando. Prevalece una irritación social contenida, silenciosa, pero creciente.

Aunque la ineficacia y la incertidumbre actual, por las singulares decisiones presidenciales, también contribuyen a un impredecible caldo de cultivo que en gran medida alienta la anarquía politica ó social a la que algunos aspiran y otros trabajan en ello. Cuidado.

En ese contexto, es necesario clarificar y deslindarnos del pasado inmediato para poder reconstruir, con justicia y serenidad, sin ánimos justicieros ni conveniencias políticas, nuestro presente y nuestro futuro como sociedad.

La justicia selectiva ó diferida también es, por definición, corrupción judicial ó politica.

Por su parte, es necesario garantizarnos el derecho a la verdad, a la rendición de cuentas y a la justicia fría y a secas a la que aspiramos como ciudadanos, misma que tampoco representa una concesión graciosa; es un derecho humano fundamental vigente.

En conclusión, debemos redefinir como extirpar la corrupción, y por otra, como limitar el poder para evitar nuevos saqueos y enriquecimientos de funcionarios, máxime que la concentración del poder público en la actualidad, casi absoluto y autocrático, tiene sus riesgos naturales. No olvidemos el aforismo de Lord Acton “el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto, corrompe absolutamente todo”.

Salud.