Transformar el Congreso (I-II)

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

“Advierto con preocupación que a seis meses del inicio de ésta legislatura estamos sumergidos en la dispersión y en la improvisación sistemática de nuestras actividades legislativas. Algo está fallando. Es necesario reconocer, con serenidad y franqueza, que  involuntariamente estamos construyendo una legislatura exhortista, cuanto más improductiva”: Luis Armando Colosio, Diputado IV Distrito Local.

Las funciones y los trabajos sustantivos del Congreso han sido orientados tradicionalmente a la creación ó modificación de leyes para adaptarlas a la dinámica de las nuevas realidades sociopolíticas.

Hacer leyes o reformar códigos es, desde el punto de vista teórico de la división de poderes, la función primordial del poder legislativo, pero es necesario aceptar que, en nuestra opinión, no es la única ni la más trascendente.

Esta idea secular debe discutirse a fondo con el propósito de no únicamente  modernizar y eficientar las actividades y los resultados legislativos en su conjunto, sino principalmente, para transformar al congreso con el objetivo de convertirlo en uno de los poderes públicos dotado de la mayor utilidad social posible para afrontar el cumulo de problemáticas crecientes en nuestro entorno local.

Legislar es importante, sin duda, pero incidir en los destinos del estado, es prioritario.

Los diputados están investidos de un amplio régimen de atribuciones especiales para marcar el rumbo del desarrollo integral de la sociedad. Tienen en sus manos aprobar, por ejemplo, las políticas públicas que constituyen la columna vertebral del gasto programado que, al igual que los ingresos fiscales del estado y los municipios, representa una de las decisiones de mayor relevancia dentro del ámbito de las facultades exclusivas del congreso.

Adicionalmente, gozan de un amplio sistema de facultades constitucionales que  históricamente han sido subestimadas ó subejercidas como es el tema del control y la fiscalización del gasto gubernamental, entre otras.

El Congreso tiene diversas funciones esenciales, además de legislar, como es aprobar la politica fiscal, autorizar créditos y operaciones de endeudamiento; fiscalización presupuestal; garantizar el funcionamiento y la gobernabilidad municipal; decretar la revocación del mandato a los integrantes de ayuntamientos; instruir juicios de responsabilidad politica; aprobar licencias o renuncias; nombrar al gobernador provisional, interino o sustituto; declarar la procedencia penal contra funcionarios; designar ó ratificar nombramientos; formular iniciativas ante el congreso de la unión, promover controversias o acciones de inconstitucionalidad, etcétera.

Es decir, el Congreso es una autoridad determinante y una fuerza institucional que políticamente representa, como considera Duverger, “un triple poder”, ya que delimita y controla, por una parte, a los otros poderes y a los gobiernos municipales a quienes les aprueba sus leyes y presupuestos fiscales anuales, y por otra, designa o ratifica el nombramiento de los principales funcionarios, pudiéndolos fiscalizar y sancionar por su desempeño; teniendo además la máxima representación democrática de los poderes fundamentales del estado y la tarea primordial de definir también el orden jurídico ó normativo estatal. Nada más y nada menos.

El congreso es así pues, el punto de equilibrio de la balanza del poder, siempre y cuando ejerza a plenitud la pluralidad de sus atribuciones, ya que de lo contrario, tener el poder para ejercerlo, y no usarlo ó no saber cómo aplicarlo, es lo mismo que no tenerlo.

Por otra parte, mención especial merece la potestad para calificar los resultados de las cuentas públicas que, al igual que el oneroso costo de la deuda estatal o las deudas municipales, son asuntos tabú sobre los cuales nadie discute ni analiza absolutamente nada, no obstante el alto impacto negativo para la economía y las finanzas estatales.

El pago de la deuda estatal, por ejemplo, es inaudito y exorbitante. Pero ningún diputado ó partido profundizan en su análisis y costos, ni en la apremiante necesidad de promover una revisión seria y objetiva para determinar sus graves consecuencias sociales.

La deuda pública es la caja negra del presupuesto, pero, no saben cómo abrirla, al parecer, para conocer las razones del desastre.

Los ciudadanos-contribuyentes pagamos más a la banca en capital e intereses que lo que el Estado invierte en el sistema de justicia, seguridad, universidad de sonora, cultura, desarrollo social, derechos humanos o combate a la corrupción.

Para este año se asignaron 1,128 millones al sistema de impartición de justicia; 2,104 a la UNISON; 229 a cultura; 102 a becas educativas; 31.1 a jóvenes; 20.7 a adultos mayores; 4.5 a vivienda familiar; 37 a derechos humanos y 10.4 al sistema estatal anticorrupción; 0 pesos a investigación científica y desarrollo tecnológico; y 0 pesos para infraestructura cultural, respectivamente.

En cambio, el 2018 se pagaron 4,426.200 millones por deuda y el 2019 se pagaran 5,879.286 para un total de 10,305,486 millones tan solo en los dos últimos años, ello, sin incluir los pagos de las 72 deudas municipales. Nadie sabe para quién trabaja, ni para quien gobierna, tampoco.

Como botón de muestra vale referir que de 32 estados, Sonora ocupa el lugar número 6 con más deuda pública; mientras que de 2,458 municipios existentes en el país, Hermosillo es el 5 municipio más endeudado a nivel nacional. ¿Qué paso aquí?

Esta es, entre otras, la punta del iceberg de nuestros problemas y las razones ocultas del subdesarrollo y la profunda desigualdad. Sin embargo, el Congreso sigue replicando éstas asimetrías presupuestarias, sin percatarse de los daños económicos y los enormes perjuicios sociales ocasionados.

En la próxima entrega: ¿Hacia dónde debe transformarse el Congreso?. ¿Es posible resolver nuestras múltiples problemáticas a través de respuestas legislativas mediante reformas legales o creando nuevas leyes?, y, ¿Es más importante legislar, fiscalizar o exhortar?

Salud.