Fiscalía española acusa a secesionistas catalanes de rebelión

La fiscalía española solicitó el viernes una pena de 25 años de cárcel para el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras por rebelión y apropiación indebida de fondos públicos. Esta es la petición de condena más elevada para los líderes separatistas que impulsaron un proceso secesionista en la región nororiental el año pasado.

En su escrito, la fiscalía acusa a 22 personas de participar, con distintos grados de implicación, en la organización de la afrenta independentista que incluyó un referéndum ilegalizado.

Junqueras fue señalado como el principal instigador junto a otros 11 políticos, activistas y funcionarios públicos que también fueron acusados de rebelión por utilizar “la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”, explicó la fiscalía.

La ilegalizada consulta provocó la crisis política más grave del país en cuatro décadas de democracia e hizo que el gobierno central asumiese el control del regional durante cuatro meses, algo inédito en la política española.

Un año más tarde, la mayoría de los implicados están acusados o han huido del país. En Cataluña, un nuevo gobierno independentista mantiene una retórica prosecesionista pero no ha vulnerado la ley.

El Tribunal Supremo español cerró el mes pasado su pesquisa contra 18 políticos y activistas por su relación con los turbulentos acontecimientos.

Otros cuatro funcionarios que estaban al frente de la policía de la región y están siendo investigados por la Audiencia Nacional, fueron acusados también el viernes. La fiscalía pidió 11 años de prisión para el exdirector de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero.

Se espera que ambos juicios comiencen a principios de 2019.

El esperado escrito de acusación del viernes no incluyó a los políticos catalanes que huyeron del país, incluyendo el expresidente Carles Puigdemont, que ahora vive en Bélgica y a quien España considera un prófugo de la justicia.

Junqueras, que se quedó en España y está en prisión preventiva desde hace exactamente un año, podría enfrentarse también a una prohibición para ocupar cargos públicos durante los próximos 25 años si los jueces acceden al pedido de los fiscales.

La segunda petición de condena más alta, 17 años, fue para los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que lideraban dos grupos proindependencia de la sociedad civil; y para Carme Forcadell, que fungía como presidenta del parlamento catalán.

Semanas después del ilegalizado referéndum -una jornada en la que se registraron enfrentamientos entre los votantes y la policía que intentaba impedir su celebración- Forcadell presidió una tensa sesión parlamentaria en la que, por una escasa mayoría, los legisladores secesionistas aprobaron una declaración unilateral de independencia

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