Más de 200 niños migrantes no podrán reunirse con sus familias

El gobierno de Estados Unidos determinó que más de 200 niños que siguen bajo su custodia luego de haber sido separados de sus familiares en la frontera con México no serán reunificados con sus padres, mayormente porque ellos renunciaron a ese derecho, indicó un reporte entregado este jueves a la Corte Federal del Sur de California.

La administración de Trump enumeró los motivos para excluir a los hijos de 226 padres que forman parte de una demanda colectiva impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), bajo la cual se forzó al gobierno a reunificar a cientos de familias separadas por la política de “cero tolerancia” contra la migración ilegal.

De ese número, los abogados del Departamento de Justicia estadounidense hallaron que 55 menores no fueron separados de sus padres, 28 son de progenitores que se encuentran en Estados Unidos y renunciaron a su derecho de reunificación; mientras que 29 son de padres catalogados como no aptos para recibir al menor y 114 son de padres deportados que han notificado la no reunificación.

De igual manera, el gobierno estadounidense informó a la corte que han reunido a 2 mil 217 de los 2 mil 654 niños que fueron separados de sus familias en la frontera, por lo que el proceso continúa para 211 infantes; de los cuales seis son menores de cinco años.

Los menores cuyos padres renunciaron al derecho de reunificación podrán ser entregados a otros familiares o tutores.

En el caso de los padres que han sido deportados, muchos de ellos han preferido renunciar a sus hijos en lugar de exponerlos a las condiciones de violencia que padecen sus países de origen, indicaron abogados de ACLU.

Los mismos defensores dijeron haberse reunido con representantes del gobierno federal para solicitar una explicación sobre las familias que fueron removidas de la lista.

En un escrito adicional entregado este jueves a la Corte de Distrito Sur de California, la ACLU disputó los casos de dos padres, a quienes se les negó la reunificación por presuntos antecedentes criminales.

Uno es el de una madre salvadoreña, separada de su hijo de tres años a causa de una orden de arresto en su país que la acusa de estar afiliada a una organización criminal.

La ACLU negó dicho señalamiento, argumentando que es precisamente por el miedo a estas organizaciones criminales que llegó a la frontera en búsqueda de asilo.

El otro es el caso de un hondureño que fue alejado de su hijo de 19 meses por haber sido condenado por asalto hace ocho años.

Los abogados argumentan que esto no representa un riesgo para el menor.

Por otra parte, un comité designado por la propia ACLU continúa la tarea de ubicar a cientos de padres que fueron deportados sin sus hijos para que conozcan sus opciones.

En la última audiencia, el juez Dana Sabraw pidió a los abogados de la organización de derechos civiles que presentaran recomendaciones sobre cómo la administración puede hacer un mejor uso de sus recursos para apoyar en dicha labor.

En el reporte semanal, la ACLU sugirió que se coloquen anuncios públicos en los países de origen.

De igual manera, dijeron haber comprobado que muchos padres han tenido miedo e contestar llamadas telefónicas provenientes de EE.UU., por lo que han solicitado que se les entreguen dichos contactos para que sea el propio comité quien los busque.

Los bogados regresarán este viernes a una corte en San Diego, donde el juzgador evaluará un pacto alcanzado por ambas partes que, de ser aprobado, permitiría que se vuelvan a revisar las peticiones de asilo político de cientos de familias que fueron separadas.

lopezdoriga.com