CPC, un año después

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

Combatir  la corrupción en uno de los países más corruptos del mundo como es méxico, no es cosa sencilla ni un asunto menor, cuya posibilidad de éxito radica, sin duda, en la autonomía funcional y en la independencia política de las autoridades responsables de hacerlo.

Contener la corrupción no es un día de campo para nadie.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació como una acertada propuesta ciudadana que, ante la resistencia y la oposición natural de la clase política, se convirtió en una exigencia social respaldada por diversas organizaciones civiles, empresariales y sectores académicos que a fuerza de perseverancia lograron el 2015 su aprobación e incorporación al texto constitucional.

Un triunfo colectivo indiscutible del que después renegaron al no poder imponer a sus afines en los Comités de Participacion Ciudadana (CPC) como fue su evidente, pero oculto propósito inicial.

La estructura orgánica del SNA esta cimentada, conforme al diseño previsto por el artículo 113 constitucional y el conjunto de leyes secundarias en la materia, en los Comités de Participación Ciudadana, cuyo ingreso exige rigurosos requisitos académicos y perfiles profesionales imposibles de cumplir para el común de los ciudadanos.

Por eso es importante subrayar que la ciudadanización del SNA es teóricamente perfecta por tratarse de una autoridad mixta donde confluyen autoridades y ciudadanos, aunque la columna vertebral que lo sostiene como es el CPC, constituye una integración selectiva donde predominan, para bien o para mal, un alto nivel educativo y los mayores grados académicos de sus integrantes.

La realidad fría y objetiva es que, conforme a los principios y lineamientos normativos, no pueden ser designados el que quiera o el que sea, como muchos lo pensaron y después lo exigían.

Es decir, la característica principal de los CPC es, como también sucede con otros órganos supuestamente ciudadanizados como el INE, su profesionalización y no su ciudadanización.

En Sonora se integro el CPC en julio de 2017 en el marco de un proceso significado por su legalidad y transparencia, mismo que después de ser torpedeado por evidentes motivos  de interés político- partidarios y una agenda personal, incluyendo diversos juicios de amparo, prevaleció intacto por la imparcialidad y la responsabilidad de seis de sus nueve integrantes, quienes cumplimos la encomienda recibida el 8 de junio de ese mismo año por el Pleno del Congreso del Estado.

El tiempo demostró la farsa. Unos llegaron como ciudadanos puros y castos y después se fueron como candidatos, fallidos todos, por cierto.

El primer CPC de Alberto Haaz, Aarón Grajeda, Aquiles Fuentes, Irma Laura Murillo, Myriam Monreal y el novel Iván Andrade, demostró con hechos el acierto en su designación, quienes a su vez y junto al CC del SEA, nombraron al personaje más adecuado para el diseño y construcción del Sistema Anticorrupción como es el Doctor Raúl Guillen, quien fue el arquitecto y el maestro de obra del abandonado sistema de justicia penal sonorense, mismos que en su conjunto han construido las bases y los cimientos del edificio institucional del SEA, el cual, si bien es cierto se advierte en obra negra, tiene cimientos firmes y bien hechos que deberán consolidarse de 3 a 5 años más.

Los trabajos del CPC en un primer año son positivos en lo general, sin duda alguna, considerando que, al igual que la Comisión Seleccionadora, partimos de cero. Se hizo camino al andar, aunque los malquerientes del sistema se esfuercen en denostar en redes, lo que no supieron demostrar en los tribunales. Parece a veces que perdieron la cordura, igual que los amparos.

Haaz y compañía crearon la estructura operativa del sistema, capacitaron a más de 5 mil funcionarios estatales y municipales, establecieron políticas de mejor control y fiscalización del gasto público, se difundió sistemáticamente la nueva normatividad de responsabilidades, se fiscalizo con lupa mayor y se emitieron recomendaciones al propio Congreso del Estado, al Poder Judicial, al Ejecutivo por conducto de la Contraloría, a los Órganos de Control y Evaluación de los 72 Municipios, a la Fiscalía del Estado, a la SEC y a las entidades ejecutoras de Obras donde tradicionalmente anida mas la corrupción gubernamental o el conflicto de interés entre funcionarios y empresarios. Se aplicaron sanciones y se recuperaron recursos millonarios.

Sin embargo, la asignatura pendiente es establecer vínculos de dialogo y búsqueda de acuerdos con la sociedad civil y estrechar una mejor relación, más abierta, plural y constructiva con los académicos y los estudiantes de universidades públicas y privadas, sin distinción.

El nuevo presidente del CPC y del CC tiene el perfil y la sensibilidad para esa nueva tarea. El CPC debe convertirse, en el terreno de los hechos, en un verdadero instrumento de opinión y participación ciudadana donde el combate a la corrupción y la impunidad representa el punto único de una agenda firme e intransigente para obtener resultados tangibles y plausibles que inhiban el abuso del poder en cualquiera de sus manifestaciones.

Consideramos indispensable, además, que la nueva Legislatura del Estado analice la necesidad de modificar la estructura básica del SEA con el propósito de: 1) Crear la figura de los Comisionados Suplentes de la Comisión Seleccionadora y definir en el cuerpo de la Ley del Sistema Estatal las facultades de la Comisión para evitar suplir dicha deficiencia por acuerdos discrecionales. 2) Designar cinco consejeros suplentes al CPC. 3) Que el nombramiento de los nueve integrantes de la Comisión Seleccionadora tenga una duración de un año para disolverse después de la designación de los miembros del CPC.

4.- La duración de los consejeros del CPC sea por tres años con derecho a ratificación por un periodo igual a partir de la evaluación de resultados colegiados. 5) Que el CPC en su conjunto sea parte integral del comité coordinador del SEA y no únicamente su presidente.  6) Que las recomendaciones del comité coordinador, al igual que las políticas de supervisión y fiscalización, sean de naturaleza vinculante u obligatoria para todos los sujetos del sistema, entre otras.

Al Doctor Aarón Grajeda le corresponde promover en un año ese pequeño paso del CPC, para lograr un gran salto del sistema anticorrupción en sonora.

Salud.