Cuando La Haya miró a México

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nota hayaLuis Moreno, el primer Fiscal General de la Corte Penal Internacional, revela en entrevista exclusiva con SDPnoticias su encuentro con el gobierno de Felipe Calderón y analiza la crisis de extrema violencia padecida en México bajo la lupa de una débil democracia representativa.

Luis Moreno pasará a la historia, entre otras razones, por haber sido el primer hombre a cargo de la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional. Junto con un grupo de expertos de todo el mundo, organizó de cero este organismo que dirigió durante casi una década desde La Haya, Holanda. Casi al final de su gestión viajó a México para reunirse con un alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón, para hablar de los crímenes atroces ocurridos durante la llamada guerra contra el narco. El funcionario que recibió al Fiscal le dio el diagnóstico oficial de la situación: básicamente consistía en que la violencia del crimen organizado estaba fuera de control. Una semana después del encuentro privado, el funcionario mexicano moriría. Se trataba de José Francisco Blake, el segundo secretario de Gobernación del anterior gobierno que falleció en un “accidente” aéreo.

A unos años de haber dejado su cargo, el primer Fiscal de La Haya concede esta entrevista en la que aborda la situación mexicana, así como también la de otros países, en especial Colombia y Guatemala. Moreno tenía 32 años de edad cuando se convirtió en el Fiscal adjunto del juicio de la junta de militares de su país, Argentina, en un caso donde los mandos castrenses eran acusados de haber elaborado un plan para supuestamente controlar a la guerrilla, aunque en realidad era un plan criminal basado en detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Sin duda, un caso difícil, pero incomparable con los nueve años al frente de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Los Estados lo que intentan hacer es obstaculizar la entrada de la Fiscalía a sus países. Hay miles de problemas. Hay que investigar los hechos con propiedad, y después resistir las presiones políticas tanto para meterte en un caso como para no meterte”

“Yo empecé con dos empleados y terminé con trescientos de 90 países diferentes. Yo elegí a los más comprometidos y por eso yo creía que tenían razón. Fue una tarea hipercomplicada, pero fascinante”, explica este abogado que hoy trabaja en un proyecto en la Universidad de Harvard .

La CPI fue la primera institución mundial que tiene independencia propia. La Organización de Naciones Unidas (ONU) suele ser vista como tal, aunque en realidad es una instancia donde los Estados se encuentran y los más poderosos tienen capacidad de vetar resoluciones generales. “Hay una frase que dice ‘echarle la culpa a Naciones Unidas por la falta de seguridad en el mundo es como echarle la culpa al Madison Square Garden porque los Knicks juegan mal básquetbol’, bromea Moreno. “Pero de repente se decide que va a ver tema de justicia para todos y esa es la Corte Penal Internacional. Es una transformación brutal del mundo. Es complicado y, bueno, yo tuve que lidiar nueve años con eso”.

La CPI surgió después de la Guerra Fría, durante la década de los noventa en que se mantuvo cierta estabilidad entre los grandes países. La idea central de su creación fue que para proteger a la sociedad hacían falta autoridades locales, nacional, regionales, y también un organismo como la Corte Internacional.

– ¿Cómo definiría la CPI?

– Como una nueva herramienta. Y eso es muy importante. Legalmente hasta el año 1945 no había nada de eso. Los alemanes decían a Estados Unidos “no se metan ustedes con lo que hacemos con los judíos como nosotros no nos metimos con lo que ustedes le hacían a los negros”. Cada país era independiente en ese sentido. Esa idea se cortó en 1945. Estaban las Naciones Unidas pero era un asunto muy político.

En la carta de Naciones Unidas, ¿sabes cuántas veces se menciona la frase justicia penal internacional? Ninguna, no existe.

Los Estados poderosos no querían justicia, querían política. Por eso la Corte Penal Internacional se armó en 1998 como una reacción del los Estados más pequeños de Latinoamérica. México no estaba de acuerdo, un Estado muy soberanista. Bueno, pero sobre todo los países de Sudamérica han sufrido mucho la represión ilegal. Sudamérica, Europa y África, que venía con Mandela, armaron la Corte. Y en lo que se fue armando, y se fue votando, pasó el 11 de Septiembre del 2001. En ese contexto yo asumí la fiscalía, cuando ya estaban invadiendo Irak.

– ¿Cómo cambió la lógica de la justicia penal internacional la invasión a Irak?

– Cambia muchísimo. Los Estados Unidos quieren control a través del Consejo de Seguridad de la ONU, pero justamente los países europeos, sudamericanos y africanos la hicieron independiente. Le dieron posibilidades al fiscal de iniciar un caso cuando quisiera y Estados Unidos no estaba de acuerdo. Clinton no estaba de acuerdo, pero Bush estaba en contra. ¿Por qué? Porque el mismo 11 de Septiembre Bush dice “el terrorismo no es más una operación judicial de corte internacional, a partir de ahora es una guerra”. Él toma la idea de la guerra e invade primero Afganistan y luego Irak. Como él estaba usando fuerzas militares no quería una Corte que lo mirara. Él estaba muy en contra de la Corte Internacional. En ese contexto empezó.

Y es como que existen dos modelos que se desarrollan al mismo tiempo: uno clásico, el militar, matar a tus enemigos. Si son guerrilleros igual. Y no se dan cuenta del odio que produce eso.

El mundo árabe está furioso por la matanza que hubo en los países de Irak y Afganistán. Se conciben como víctimas y a Estados Unidos lo ven como un perpetrador.

Estaba ese modelo que ahora se hizo más pérfido porque la guerra no es ahora contra un país, ahora es contra un grupo no estatal que puede ser Al Qaeda o puede ser Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL o Estado Islámico). Y el otro modelo es el de de los Estados, que son 124 ya los que están en la Corte, que se comprometen a hacer justicia ellos mismos y si ellos fallan terminan en la Corte. Esos dos modelos son los que están en el mundo. México es parte de la Corte, Guatemala todavía no lo es, Colombia sí. Justamente Colombia para mí siempre fue el mejor ejemplo de qué bien funciona la corte porque nunca hicimos un caso.

MÉXICO

El juez español Baltasar Garzón y el fiscal Luis Moreno Ocampo en la Cámara de Diputados durante su participación en un foro sobre derechos humanos y seguridad en noviembre de 2011. Foto: Moises Pablo / Cuartoscuro

– Tanto a Colombia como a Guatemala, México los mira con atención por lo que ha ocurrido en este primer cuarto de siglo en el que hay 150 mil asesinatos, más de 25 mil desapariciones forzadas, miles de casos de tortura… y pareciera que el Estado no ha sabido cómo procesar todo esto. Se trata de una paradoja, porque sin duda México ha vivido un desarrollo democrático y hay más libertades civiles, pero al mismo tiempo hay más barbarie que nunca. La asociación de estas dos cosas no la entendemos todavía. ¿Cómo se juzga a una democracia así?

– Te voy a contar algo. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de México comenzaron a mandarme información pidiendo mi intervención. Entonces empezamos a tener interacción con el gobierno mexicano en el 2010. El Gobierno mexicano no advertía por qué los crímenes que se cometían acá podían ser crímenes de lesa humanidad. Ellos pensaban en el gobierno. Yo les decía “miren, tenemos casos de gente que ha hecho torturas y ha cometido homicidios pero no hay una política de Estado”.

Yo les explicaba que los cárteles estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad porque un crimen de lesa humanidad es un ataque masivo, sistemático, a la sociedad civil cometido por una organización, por una política. Los Zetas, todo ellos, están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

– En algunos casos, estas bandas tiene vinculación con el Estado…

– Bueno, eso tendría que investigarse. El problema es que no se puede controlar al crimen organizado. Yo vine a México y me reuní con Blake, que era secretario de Gobernación en aquella época. Me dijo “en los ochenta pensábamos que el crimen organizado era un problema de Colombia, que venían a México de paso para Estados Unidos. Consideramos que no era un problema nuestro. Esa negación nos costó que 20 años después no podamos resolver el problema, no tengamos capacidad de controlarlo”. A la semana se cayó el helicóptero y se murió. Nunca supimos si lo mataron o qué pasó. Yo lo vi una semana antes de su muerte y me dijo eso “nosotros negamos el problema y ahora no lo podemos controlar”.

La verdad es que México tiene un problema enorme y yo no tengo una solución exacta.

– Hay quienes consideran el problema de los carteles como el de EI…

– ¿Qué relación había entre el Estado Islámico y el crimen organizado en México? En términos de violencia es diferente. Por ejemplo, el EI ataca una población entera por razones religiosas y mata a los hombres, toma a las mujeres como esclavas sexuales, y a los niños los convierten en soldados. Eso no lo hace el crimen organizado en México. Y yo pensaba que, claro, ellos no tienen un motivo religioso. Entonces, ¿es más fácil o más difícil? En realidad el motivo religioso del crimen organizado es la plata. Eso es una religión de todos. Es fácil conseguir adeptos. Es difícil que te convenza de ser un musulmán extremista porque no es una religión que vos profeses, pero si te dan plata es distinto. Eso lo entendés. Esa relación de dinero es muy difícil porque es fácilmente transferible a la policía, al gobierno. Entonces el Estado no funciona contra ellos.

Tenemos un problema ahí de que en una democracia representativa nos representan, pero si compran a los representantes, pues ¿qué hacemos?

Ese es el problema estructural que yo veo en México. Es decir, México tiene un momento extremo de violencia, pero el tema de corrupción mezclado con narcotráfico es permanente. Una vez que se instala es muy complicado porque compra periodistas, compra políticos, policías, y si no los compra los mata. Hay un problema muy complejo de enfrentar.

– ¿Qué se puede hacer internacionalmente?

– Yo no veo que el problema de México sea que ocupe una Corte que juzgue, sino cómo se controla el territorio.

– Pero la impunidad es un problema. El 99% de los asesinatos no son esclarecidos…

– Me parece que es un problema muy complejo. Primero se tendría que capacitar a los grupos de víctimas para que puedan documentar muy bien qué fue lo que ocurrió. Sería genial, por ejemplo, tener arquitectos que ayudaran a diseñar croquis, etc. Una especie de investigación forense hecha por las víctimas. Luego eso dársela a las autoridades. Pero después seguir con eso. Ver qué hicieron las autoridades a nivel local, si no hacen nada, llevarlas a nivel estatal, y si no, federal, hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese camino es el que le queda a la gente en México.

– Y es un camino que creo que se ha seguido. Incluso llegó un Grupo Internacional de Expertos a investigar la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero y descubrieron serias anomalías oficiales, sin que los dejaran terminar su labor…

– No queda otra que utilizar el sistema democrático. Seguir documentando lo que está pasando. Hablar con los partidos políticos: “¿usted esta a favor de que los echen?” e ir mostrándolo. Y es como el poder del agua cuando llega un límite arrasa.

– Bueno, pasamos de una crisis de seguridad a una crisis de derechos humanos y ahora hay quienes consideran que se avecina una crisis política…

– El problema es que en esto es fácil que aparezca un líder populista que diga “yo voy a atrapar a los malos” y es muy atrayente, pero nunca funciona. Me parece que justamente México tiene esa experiencia.

Además de exigir la justicia para los culpables debe hacer respetar los grupos atacados. Hacer grupos, colectivos de periodistas, etc. Reconstruir la comunidad. Es la única forma.

Lo de afuera puede ayudar. Imagínate que en cada comarca se hiciera ese plan y pudiera demostrarse, hasta llegar al Gobierno Federal, la participación en los crímenes. Entonces poder decir “queremos que La Haya investigue al presidente”. Eso crearía pánico. La posibilidad de que pase eso es lo que da la existencia de La Haya.

– Después de que muere Blake ¿ya no tuvo comunicación con el gobierno mexicano?

– No. Básicamente en ese momento la función que teníamos era sobre muertes y no vimos que el gobierno hiciera un esfuerzo por ocultar las muertes, sino más bien no podía investigarlos.

– Hay algunas iniciativas para llevar a la Corte Penal Internacional tanto al expresidente Felipe Calderón como al ‘Chapo’ Guzmán y ‘Los Zetas’ para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. También existen reportes al respecto como el de Crímenes atroces de Open Society. ¿Considera viable un juicio?

– Hay que probarlo. Hay que tener datos. La Corte no se va a meter hasta que no tenga datos que realmente comprueben. Primero, esta situación, no es una situación normal que maneje la Corte. La Corte se ha metido con Gadafi, con el gobierno de Sudán, nunca ha intervenido en situaciones de crimen organizado. La precisión que había era que el gobierno se ocupaba, que no tenía capacidad de hacerlo, pero se ocupaba. La relación gobierno y crimen organizado nunca la vi, pero sería interesante hacerlo. Por eso lo que decía antes de armar una junta, recabar información y mostrar detalles tendría influencia. …

Calderón decidió la política de usar a los militares para combatir al crimen organizado. Será buena o mala pero es una política nacional

Y, bueno, la CPI no vio que había un espacio para meterse. Pero, bueno, si se pudieran mostrar mejor las conexiones…

– ¿Y con el crimen organizado?

– Sí, pero siempre y cuando no haya investigaciones en México. Y si las hay, tendría que probarse que las investigaciones son falsas. Si se va documentando todo el proceso, no sólo el proceso de los crímenes, sino también de las respuestas de las organizaciones, eso sí puede ayudar a que un día llegue. Pero, de nuevo, la existencia de la Corte ayuda a México, aunque la Corte no lleve un caso. Es un lugar de apoyo. No siempre son 100% efectivos. Pero, sí, lo que yo veo es un problema enorme. No sé por qué Calderón metió al Ejército. Esa es una política propia de Estados Unidos y eso convierte al conflicto en algo peor.

El ejército tiene la idea de eliminar enemigos, pero no se trata de eliminar enemigos sino de acabar con la violencia.

COLOMBIA

– ¿Por qué fue la CPI no se metió nunca con las atrocidades ocurridas en Colombia?

– Sí miramos. Es un modelo de confederación de estados y la Corte actúa por default. Es decir, solamente la corte se mete si el Estado no hace justicia. Cuando empecé, yo elegí mi primer caso. Había mucha gente que me decía que fuera Irak, la invasión. Pero resulta que ni Irak ni Estados Unidos habían firmado el acuerdo de la Corte y entonces yo no era fiscal de ellos. Era como un fiscal mexicano que se mete a Alemania… y no tiene nada qué hacer. Es lo mismo. Entonces ¿qué tenía? Tenía el Congo con cinco mil muertos y Colombia con cinco mil muertos. ¿Cuál era la diferencia? En Congo no podía ser, no había Estado, no había nada para investigar. En Colombia tenía los muertos pero estaban investigándolos.

Para que la Corte Penal Internacional intervenga necesita dos cosas: crímenes de lesa humanidad y que el Estado no esté investigando.

Si el Estado está investigando yo no me meto. Lo que yo hago es examinar la situación a ver si tengo que intervenir o no. En Colombia yo sigo el proceso.

Colombia es un país hipersofisticado. En el 2005 hicieron acuerdos con los paramilitares. Y fue increíble. Los paramilitares se movilizaron, movilizaron a 30 mil. Y lo líderes fueron presos por ocho años. No fueron unos cuantos, fueron dos mil presos por ocho años. Porque cuando se discutía este proyecto mandé una carta mía al gobierno de Colombia, la filtraron al Congreso, la corte suprema empujó, y Colombia hizo un acuerdo único.

Y eso es lo que hace una Corte Internacional. No hace falta un caso. Hace falta que todos los actores tengan un marco jurídico similar y lo respeten.

– ¿Y qué piensa de este nuevo proceso de paz, ahora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?

– Me ha resultado muy fascinante porque un hijo mío, que trabaja con la fundación El Arte de Vivir, estaba trabajando con las FARC en la idea de hacer meditación e invitaron al líder ¿Simonchevko? a Cuba para discutir nuevas formas de no violencia. Fue bien interesante. Ellos le preguntaron a mi hijo que si me podían invitar. Entonces yo fui a La Habana y un fin de semana estuve explicándoles qué era esto de la Corte Penal Internacional, cuál era la diferencia de los crímenes internacionales y crímenes políticos, y explicándoles qué podía pasar. Fue… súper interesante.

Y justamente uno de los problemas era el castigo.

– Pero este proceso se ve más avanzado que el de los paramilitares en 2005 porque en aquel entonces no hubo referéndum ni mucha transparencia sobre el acuerdo…

– No, pero hubo debate en el parlamento y hubo debate en la Corte Suprema. Y sí, el acuerdo de Colombia en este 2016 es único, es impresionante. Solamente se puede comparar con algunos aspectos con el de 2005. Este Colombia 2016 es un acuerdo que incluye reparación de víctimas, confesar la verdad, e incluso también castigo. Yo pensé que las FARC no iban a aceptar. Ellos estaban convencidos de que no habían sido derrotados, pero entendieron que no podían ignorar la ley penal internacional. Entonces aceptaron que los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad tengan un castigo de ocho años de restricción de la libertad que es estar confinados en un lugar. Eso, claro, el expresidente Uribe lo considera poco. Uribe es consistente en una cosa: él impuso ocho años de prisión en su gestión a los jefes de los grupos paramilitares y pide lo mismo para la FARC y eso no se va a poder lograr. En ese sentido, Uribe representa a mucha gente en Colombia.

– ¿Qué tanta división le parece que exista en Colombia ante este proceso?

– Me parece que hay dos grupos. Unos son las víctimas de la FARC y uno puede entender su rencor. Y también los jóvenes, y eso es en parte por Uribe. La violencia de la FARC en los últimos años se desplazó a la jungla, no hay violencia urbana. Todos los jóvenes de 20 años no tienen experiencia en costos de la violencia de la FARC. Lo ven como “son criminales”. De hecho, me acuerdo que la primera vez que fui a Colombia, cuando ya era fiscal en 2006, el comisionado de la Paz me dice “mire, hemos visto las cosas muy difíciles con los paramilitares, pero cambió toda la visión con las FARC. A partir de su intervención las FARC dejó de ser un movimiento político y ahora son criminales”. Eso es legítimo. Yo como fiscal de la Corte internacional continué mirando y siguiendo el caso, pero sin abrir un caso porque no me correspondía. De hecho, cuando yo le pregunté a Uribe “¿qué pasa con los falsos positivos? (falsos positivos son casos de civiles que los militares mataron y los presentaron como guerrilleros para cobrar recompensas del Estado)” se puso a investigar. Ahora hay como 200 personas investigadas por falsos positivos. Entonce la Corte empujó a Colombia hacia un camino muy legalista. Colombia es un país con una enorme violencia, pero que también es enormemente legalista.

– Entonces la CPI sirvió en el caso de Colombia como un factor de presión?

– Esa es la función. Es una especie de panóptico mundial. Y la mirada con la posibilidad de que se meta apura a los estados a dar justicia.

GUATEMALA

– Guatemala parece estar abordando de otra forma sus crímenes de lesa humanidad. Ahí sí hay un organismo internacional incidiendo de manera directa en la procuración de justicia y hasta un presidente en funciones ha sido enjuciado y encarcelado…

– En Guatemala es una situación distinta, una experiencia única que se armó. En Sierra Leona y Timor hubo experiencia de formar Cortes internacionales mezcladas con nacionales, pero en Guatemala se armó una cosa muy original que fue una fiscalía independiente. Esta investigaba los casos y los presentaba ante una corte guatemalteca. Eso es una cosa única. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una fiscalía independiente internacional que investiga y presenta casos frente a los tribunales guatemaltecos.

– ¿Cree que ese modelo puede ser aplicable a otros países?

– Eso es nuevo. Es un ajuste de lo que era la idea armar tribunales integrados.

Es una idea genial que sea una fiscalía independiente la que investigue crímenes que por razones políticas a los fiscales guatemaltecos les puede costar la vida.

Y también puede ser hasta una herramienta regional para el narcotráfico. Es importante porque yo recuerdo haber estado en Guatemala con el presidente Álvaro Colom y él me decía “supimos que las Zetas vinieron a Guatemala y en una semana mataron a 30 personas. Yo no tengo ninguna capacidad de enfrentarlos. Pero aunque la tuviera, si lograra enfrentarlos, y esta es la vida difícil de acá, se irían a Honduras”. Justamente no tenemos ninguna chanza de enfrentar al crimen organizado en la región, si no tenemos un organismo regional.

– ¿Hacen falta más organismos regionales?

– Es muy fácil reconocer la innovación tecnológica como una cosa positiva, y hay una especie de desdén por la innovación institucional. Hay un problema ahí porque las insituciones son una creación del iluminismo, del siglo XVIII, ya no hay más iluminismo. Es el problema. Los economistas no creen en el iluminismo, el marxismo no cree en el iluminismo, y los países más grandes no quieren diseños globales porque afectan su poder.

El Departamento del Tesoro Americano saca un comunicado oficial como apercibiendo o amenazando a la comunidad europea para que no se meta con los impuestos de Apple en Irlanda, que no pueden hacerlo. La Unión Europea avanzó igual y le metió una multa de 13 mil millones de euros, diciendo que Irlanda le había dado un beneficio fiscal que no podía darle. Imagínate, 13 mil millones de euros en un país como Irlanda son… Irlanda se opone a cobrarlo, habla furioso, y Gran Bretaña invita a Apple “vengan para acá, no somos Unión Europea más”. Ese caso te muestra el problema. Las compañías son globales, pero no en la forma de hacer un sistema de impuestos global. Es lo mismo con la seguridad. Hay una visión, hay una no eficiencia pública, porque no tenemos un gran sistema global para manejar el problema.

– Se globaliza el crimen pero no el combate al crimen global…

– Claro. Y lo peor es que los diseños globales son resistidos por el sur. El sur no quiere diseños globales, los percibimos como imperialismo. Entonces nadie está pensando eso. Y el norte no quiere diseños globales porque restringirían su poder. Nadie está pensando en eso. Eso cuando yo estoy en Harvard me alucina que no están pensando en diseño global. No les gusta la comunidad internacional. Entonces tenemos un problema. Un mundo que va a una velocidad del rayo y no tiene instituciones para apoyarse.

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