¿Fuego y furia por la CEDH?

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Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

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Con la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos, creada en 1992 por iniciativa del entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera, se inauguró la ciudadanización de los organismos autónomos en Sonora, como un año después también sucedió con el primer consejo estatal electoral que a partir de 1993 sustituyó a la antigua comisión electoral presidida por el Secretario General de Gobierno del Estado.

José Antonio García Ocampo fue el primer presidente fundador de la CEDH, mientras que Adalberto Monarque Curiel el primer ciudadano en presidir el CEE.

Ambos tienen el mérito de haber construido con firmeza y serenidad las dos primeras instituciones que después del detonante democrático generado por el proceso electoral de 1988, tienen la responsabilidad de abogar, por una parte, por el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de las personas a partir de supervisar la legalidad de los actos de las autoridades y funcionarios, y por otra, organizar y calificar la legalidad y la equidad de los procesos electorales.

Es decir, la razón de ser y las funciones sustantivas de la CEDH son, conforme a su origen, vigilar lo que legal y políticamente hagan o dejan de hacer las mujeres y los hombres públicos.

Tiene pues la encomienda de ser el gran defensor y el más respetable árbitro social que marque los límites o reclame los excesos del poder.

Se trata de un órgano creado ex profeso para señalar cualquier arbitrariedad, omisión o abuso de autoridad que vulnere el régimen de los derechos humanos de los sonorenses.

Por eso nuestra convicción de que Sonora necesita una CEDH que sea útil a la sociedad, cuya eficacia dependerá, no obstante la estructura colegiada de la comisión, de la mujer o del varón que a partir de febrero del 2018 la represente

El futuro ombudsman que por cuatro años elegirá el Congreso del Estado es indispensable acredite, aparte del requisito preferente de ser un profesional del derecho, al igual que todos los presidentes de las CEDH en los estados y de la propia CNDH (doctores en derecho o expertos jurídicos en la materia), un amplio perfil de idoneidad, aptitudes y habilidades sustentadas en su formación académica, sensibilidad social, dominio del sistema normativo nacional, conocimiento del entorno sociopolítico estatal; además de contar con una trayectoria y un prestigio personal y profesional reconocidos, en cuya valoración es necesario ponderar su independencia político-partidaria, pasándola por el cedazo del visto bueno y la anuencia de la sociedad civil.

Adicionalmente, y tomando en cuenta las historias de fuego y furia sucedidas en los últimos años al interior de la CEDH, referidas puntualmente por Don Carlos Moncada en los libros Asalto a Sonora (pág. 63-74), y ¿Y Padrés Que? (pág. 178-186), el Congreso debe considerar que el nuevo titular posea las virtudes de madurez, prudencia y probidad incuestionables. La relevancia del cargo amerita un curriculum impecable.

Es lógico entonces que por la complejidad o la incertidumbre de los tiempos actuales aspiremos a que nuestros diputados configuren un organismo serio y eficiente, significado por su responsabilidad y vocación protectora de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, individuales o colectivos de los ciudadanos.

De allí que es necesario actuemos como sociedad en rescatar, reorganizar y transitar en la defensa y promoción de los derechos humanos por la vía institucional, no por la del activismo subordinado a la generosidad financiera del gobernante o del partido en turno.

Cuidemos que en las características del personaje no se revelen protagonismos, excesos, compromisos políticos ocultos ni razones ideológicas personalistas como recientemente sucedió con la presidenta del CPC nacional. Evitémonos otra presidencia fallida.

Todos aspiramos a contar con una mejor institución. Nadie necesita otra tremenda CEDH.

En ese sentido, la nueva presidencia tiene un gran reto y dos asignaturas inmediatas.

En primer lugar, reconstruir la imagen institucional para reivindicar la importancia social del organismo, y por otra, gestionar la integración inmediata del consejo consultivo y, de manera prioritaria, el nuevo ombudsman deberá avocarse a resolver los múltiples juicios laborales que representan, paradójicamente, una evidente violación a los derechos humanos de empleados y funcionarios injustamente despedidos, según laudos y sentencias definitivas confirmadas por el poder judicial de la federación.

Ojalá que el Congreso aproveche la oportunidad histórica para designar una presidencia que, como el jurista que fue Don José Antonio García Ocampo, prestigie a la CEDH y la proyecte a mejores niveles de confianza y credibilidad pública.

También es oportuno que los coordinadores parlamentarios discutan la pertinencia de aprobar una designación conjunta de la presidencia y los seis integrantes del consejo consultivo de la comisión, aprovechando la propuesta presentada por la ciudadana gobernadora conforme a la facultad que le otorga para el efecto la ley de la CEDH.

Con esta decisión se complementaria en su totalidad la nueva estructura orgánica de la CEDH por el periodo 2018-2022. Amén que esta representa un gran acuerdo para lograr una negociación incluyente en la que todos ganan o, al menos, pocos pierdan.

Próxima entrega: ¿CEDH violó derechos humanos?

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